El concepto de economía circular se implanta en la sociedad de manera generalizada: El progreso y la mejora del nivel de vida siguen asociados a una mejora en el nivel económico de los países, pero el crecimiento de la economía, tal y como la conocemos, tiene una estrecha relación con el consumo de recursos extraídos de la naturaleza y la generación de residuos y de diversos impactos ambientales.
Frente a la economía lineal, en la que se extraen materiales del medio ambiente, se manufacturan, distribuyen, consumen y se desechan al vertedero, la economía circular es la que pretende maximizar el tiempo en que estos materiales permanecen aportando valor en la economía, mediante fórmulas como la minimización de necesidades, la reutilización, el reciclaje, la reparación y el alargamiento de la vida útil de los productos o el uso compartido de los bienes. Los vertederos no existen en la naturaleza, y lo que antes eran residuos se convierten ahora en materias primas secundarias, listas para ser utilizadas en nuevos procesos productivos o de consumo.
Incorporar el concepto de circularidad al momento de la compra es importante por varios motivos:
¾ El primero es la capacitación, la responsabilidad y el empoderamiento de los consumidores, sean estos empresas, personas o instituciones públicas. No basta con exigir a los productores que cumplan los requisitos, o pensar de manera cínica que comprar un producto en una tienda no tiene nada que ver con esas gigantes chimeneas o colectores que concebimos como algo remoto, sino en aceptar que esos impactos ambientales son la consecuencia de fabricar los equipos electrónicos, los detergentes o los elementos de las infraestructuras que utilizamos a diario y de las que depende nuestro nivel de vida.
¾ Adicionalmente, la adquisición es el mejor momento para decidir una conducta ambiental. Siguiendo el precepto de que más vale prevenir que corregir, todos los impactos que sean evitados en el momento de la compra de un producto o un servicio tendrán un efecto más positivo que los derivados de corregir o compensar los ya producidos una vez consumidos dichos productos.
¾ En cuanto al concepto de compra pública, el sector público tiene un papel determinante tanto por su tamaño (en la Unión Europea se estima que la compra pública representa un 15% de la economía), como por la ejemplaridad y liderazgo que dicho sector debe exhibir en su comportamiento ante una tendencia que prácticamente todos los países asumen en sus estrategias.
¾ Finalmente, y esto es válido también para el sector privado, una gestión sostenible de los recursos reduce el riesgo de incidentes ambientales, alinea a las instituciones con las tendencias legales y reduce la dependencia de mercados de materias primas ante los que el comprador se encuentra indefenso. Frecuentemente, aunque no siempre, la minimización en la necesidad de recursos, el incremento en la generación de productos reciclables o el alargamiento de la vida de los productos se traduce, además, en una mejora de la productividad y en consecuencia en una mejora de la cuenta de resultados.
Modelos de negocio circulares
En el momento de elegir qué productos o servicios presentan una conducta más respetuosa con el medio ambiente, se pueden señalar los siguientes modelos de negocio.
- Minimización de recursos y residuos: Empresas que utilizan materiales renovables, reciclados y/o reciclables, productos producidos con bajo impacto contaminante, empresas que permiten elegir las cantidades demandadas, sin necesidad de adquirir más producto que el necesario, minimización de envases y embalajes. En este modelo tiene especial importancia la adquisición y el consumo de energía renovable.
- Nuevos flujos de materiales: En procesos industriales y agrícolas se están desarrollando infinidad de nuevos materiales donde antes se generaban residuos. Igualmente, se adquieren materias primas secundarias, procedentes de los que antes era un residuo, y que sustituyen a materiales extraídos de la naturaleza.
- Transformación del producto en servicio: En algunos casos, se adquieren en propiedad o uso exclusivo bienes que no se van a utilizar de manera continua: Casos evidentes son automóviles que se utilizan una décima parte del tiempo o máquinas que podrían perfectamente alquilarse, pero ya hay una oferta generalizada de bienes más sencillos, como los neumáticos de un automóvil o las sábanas y toallas para un hospital. El consumidor se preocupa de su verdadera actividad clave y deja en manos de los proveedores especializados el mantenimiento y productividad de estos productos.
En algunos sectores, como el de los medios de transporte, las plataformas digitales presentan una alternativa económica y sostenible a la inversión en equipos cuyo uso no se optimiza. Esta oferta se amplía cada vez a más productos y servicios: Un equipo de sonido o la decoración para un evento, mobiliario y equipos informáticos para unos puestos de trabajo provisionales o unas vallas con las que señalizar temporalmente una obra.
- Alargamiento de la vida útil: Especialmente referido a bienes y equipos electrónicos. Frente a la obsolescencia programada, se fomenta que los equipos tengan una vida útil más prolongada, para lo que se favorecen ampliaciones en el periodo de garantía, contratos basados en el uso efectivo más que en el paso del tiempo, productos fácilmente reparables y desmontables y preferencia por recambios universales y compatibles frente a marcas que exigen sus componentes originales como única solución.
Incorporación a los contratos públicos
La principal característica de un contrato de compra pública frente a otros tipos de contrato es el marco jurídico que este de cumplir, por lo que deben ser tenidas en cuenta algunas precauciones:
Relación con el contrato: Las exigencias de cumplimiento de una conducta de bajo impacto sobre el entorno a las empresas contratadas debe estar relacionada con el objeto del contrato que se está licitando. Por ejemplo, procede exigir bajos consumos de combustible si se está definiendo un contrato de transporte, o hacer obligatorio el uso de productos “verdes” en un contrato para el servicio de limpieza de un edificio, pero no tiene sentido exigir estos mismos comportamientos para el suministro de material de oficina o para una obra forestal.
No exclusión: Los requisitos sobre comportamiento ambiental no pueden definirse mediante marcas o certificados que impidan a empresas que sí cumplen los requisitos ambientales, pero no tienen estas certificaciones.
Seguimiento durante toda la vigencia: Es necesario señalar que, si bien el contrato se define en el momento previo a la compra y se garantiza su cumplimiento en el momento de la adjudicación y firma, sus requisitos técnicos y su impacto ambiental se producen durante toda la vida, hasta su liquidación. En el momento de la firma del contrato se definen claramente las obligaciones de adjudicador y adjudicatario, pero hay que estar atento durante la ejecución de éste a que esas obligaciones se sigan cumpliendo.
Partes de un contrato, ejemplos de buenas prácticas
Veamos las partes de un contrato de compra pública en las que se pueden introducir criterios de economía circular, y algunos ejemplos:
Definición de la necesidad: Incorporar criterios de sostenibilidad desde el momento en que se define el producto o servicio es la mejor de las opciones. Si se quiere adquirir energía renovable, se explicita así en la licitación y la mejora sobre el medio ambiente queda ya incorporada de manera permanente. Algunos ejemplos de necesidades que incluyen criterios de sostenibilidad son: “Adquisición de energía renovable”; “Retirada, destrucción y reciclaje de papel”, “Alquiler de vehículos de bajo consumo” o “Reforma de un edificio con criterios de eficiencia energética”.
También puede utilizarse la definición para acercarse a nuevos modos de contratar, como el arrendamiento o el pago por uso donde hasta ahora se daba por descontado la compra. Algunos ejemplos, serían alquiler de maquinaria o de unas vallas de señalización, o un arrendamiento de equipos de impresión.
En estos casos, las empresas licitadoras conocen desde el primer momento los servicios solicitados, que incluyen estos criterios.
Solvencia técnica: Consiste en solicitar a las empresas licitadoras que acrediten la capacidad para desarrollar determinados procedimientos. Se convierte en un requisito, de manera que se descartan a las empresas que no lo presentan, mientras las que lo tienen pasan a ser evaluadas. Se puede solicitar, por ejemplo, que la empresa tenga un sistema de gestión ambiental o una ecoetiqueta, entendiendo como tal un distintivo, obtenido de manera certificada, que identifica a un producto como ambientalmente respetuoso.
Existen infinidad de ecoetiquetas. Algunas son obligatorias, como las que deben llevar los electrodomésticos, que señalan el nivel de eficiencia energética; las de los automóviles, relacionadas con su consumo energético y nivel de emisiones o los neumáticos, que además de su aportación al consumo de energía marcan el nivel de ruido, otro impacto ambiental de importancia.
Condiciones especiales de ejecución o requisitos técnicos: Hay lugar en un contrato para determinar cómo se debe ejecutar éste. A diferencia de la solvencia técnica, que admite o descarta las ofertas, en el caso de los requisitos técnicos se está definiendo cómo se debe ejecutar el contrato. Es decir, ocurrirán, en cualquier caso.
Se podrá, por ejemplo, solicitar un determinado tratamiento de los residuos en un contrato que regule una obra, o la inclusión de un porcentaje mínimo de alimentos ecológicos en un servicio de comidas. En este punto es esencial recordar que el cumplimiento de la ley no puede ser en ningún momento tratado como una mejora o una condición determinante para adjudicar el contrato. Se podrán señalar clausulas que obliguen a una determinada retirada de los residuos durante la prestación de un servicio, o a que los vehículos facilitados por el contratista tengan unos umbrales máximos de emisiones, pero si se habla dentro de los límites legales, no procede en ningún caso tratarlos como un criterio para beneficiar a un concursante frente a otro.
Otra buena práctica detectada en algunos contratos en ejecución es la posibilidad de elevar a esencial una clausula ambiental. No sólo se solicita un adecuado tratamiento de los residuos, sino que si éste no se cumple la entidad adjudicataria puede resolver el contrato.
Criterios de adjudicación: Una vez que se comprueba que la oferta presentada tiene la solvencia técnica exigida, y que el proveedor se adaptará a las condiciones que se le determinen sobre el comportamiento ambiental del producto o del servicio a adquirir, existe la posibilidad de asignar puntos a una oferta u otra, en función de los aspectos ambientales.
El criterio de adjudicación más generalizado, y obligatorio en la mayoría de los contratos, es el precio, pero pueden añadirse otros.
Así, por ejemplo, se pueden asignar puntos a las distintas ofertas si éstas se comprometen a usar vehículos de bajas emisiones, si ofrecen mejoras en la separación de los residuos o si utilizarán productos ecológicos.
Llegado este punto es importante definir lo que será necesario, que deberá ir contemplado en los epígrafes anteriores (solvencia técnica o condiciones de ejecución) y lo que se considera una mejora sobre unos mínimos requeridos. Es contraproducente, y puede considerarse incorrecto, incluir, por ejemplo, una ecoetiqueta como requisito en la solvencia técnica y, en el mismo pliego, dar puntos en los criterios de adjudicación por esa misma aportación.
Un ejemplo que combina criterios económicos y ambientales sería, por ejemplo, asignar puntos en función del ciclo de vida de un producto: Consiste en calcular el coste de un producto comprado a lo largo de su vida útil. Si el producto tiene una vida útil más larga disminuye el coste de su utilización. Si se amplía el periodo de garantía, disminuyen los costos de mantenimiento de ese periodo ampliado. Se premia simultáneamente el ahorro económico y la mejora en el impacto ambiental.
Principales tendencias
Las principales tendencias encontradas en las contrataciones que se realizan actualmente en la Unión Europea, con un detalle más pormenorizado de los datos observados en la Junta de Andalucía son:
Rápida transición hacia energías renovables: Se observa tanto el requisito de energía de fuentes renovables (eléctrica no fósil y biomasa) para cualquier suministro como la introducción de instalaciones de generación de energía fotovoltaica en todas las nuevas infraestructuras o en las reformas de edificios e instalaciones existentes. En estos casos es la definición de la necesidad la que ya marca el carácter de economía circular.
Adaptación a los sistemas de gestión ambiental: un magnífico criterio para garantizar este tipo de adquisiciones es la existencia previa en el órgano contratante de una política ambiental sólida, implantada en la estrategia de la organización, y desarrollada mediante un sistema de gestión. Sobre esta base, se solicita a cualquier proveedor que participe en la cadena de valor de la entidad contratante que se adapte al sistema existente, con lo que se garantiza un alineamiento de los servicios prestados con los objetivos ambientales de la entidad adjudicadora.
Para esta tendencia, se utilizan las condiciones de ejecución del contrato, y se espera que provoque un acercamiento generalizado de todo tipo de empresas que quieran contratar con el sector público con los sistemas de gestión ambiental.
Ecoetiquetas: Relacionado con el anterior, se observa como requisito de solvencia técnica que los productos o servicios suministrados demuestren su bajo impacto ambiental estando acreditados con ecoetiquetas de reconocimiento contrastado.
Reparabilidad y alargamiento de la vida útil: Solicitudes de mayores garantías, considerar el mantenimiento fuera de garantía como un mayor coste y exigencia de recambios universales. Este criterio se fija igualmente en las condiciones de ejecución.
Transformación de los productos en servicios: Buscando una mayor eficiencia en el uso de los bienes de equipo, se incrementan, frente a la compra en propiedad, fórmulas basadas en el pago por uso, como el arrendamiento o el acceso a plataformas de uso compartido.
Conclusiones
¾ El camino hacia la economía circular es un recorrido ya consolidado, y el sector público debe ser un motor de esta tendencia, gracias al peso que representa su actividad en la economía. Deben también los organismos públicos perseguir el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, que habla de Producción y Consumo Sostenible, lo que quiere decir que la industria debe actuar, pero el comprador debe capacitarse y tomar decisiones que demuestren su preferencia por productos y servicios más respetuosos con el cuidado del planeta.
¾ La contratación pública tiene herramientas suficientes para elegir en sus adquisiciones productos y servicios alienados con la economía circular, sin poner en peligro los criterios de seguridad jurídica, eficiencia y economía que deben estar presentes en la gestión de los fondos públicos.
¾ Además de los propios criterios ambientales, existen otros motivos para decidirse por este modelo de economía circular: La escasez (y hasta agotamiento) de cada vez más recursos naturales, la disminución de riesgos por incidentes ambientales y el cumplimiento de tendencias normativas.
Finalmente, hay que señalar que el objetivo de este artículo es presentar una visión práctica, con experiencias concretas, de cómo se puede aplicar esta tendencia en la compra pública, pero más allá de este conjunto de herramientas y técnicas, los poderes públicos deben redactar y aprobar normativa y políticas que sitúen a las economías de su ámbito hacia estos objetivos. Para ello deben regular a distintos niveles (local, regional, nacional), en distintos ámbitos (desde la contaminación al ruido, del uso del suelo al respeto a la biodiversidad y del uso del agua a los efectos del cambio climático), completándolo con apoyo financiero que favorezca estas prácticas, y campañas de educación y sensibilización que consoliden los valores de una economía basada en el respeto al medio ambiente pero conciliado con el bienestar económico y social.
